Se intenta lograr que las obras sociales paguen medicamentos aún no aprobados, ni incorporados a las listas, y con precios abusivos. Para esto, habilmente se contrapone el DDHH a la atención de la salud, con la posibilidad de ir incorporando paulatinamente los nuevos medicamentos a los diversos vademecum. Dado que esto último tampoco es demasiado legítimo pues muchas veces se incluyen/excluyen medicamentos más según criterios de costo que según eficacia terapéutica, estamos frente a otro falso dilema.
Cabe preguntarse si no es imprescindible la participación de la ciudadanía en todos estos procesos, y especialmente una absoluta transparencia en todo el tema de determinación de prioridades y decisiones de racionamiento. Daniels, aplicando criterios ralwsianos y dialógicos, propone justamente esto.
Ver: http://www.revistaelmedico.com.ar/rm/notas/vernota.php?id=1140
